Con el objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el derecho de acceso de todos los ciudadanos a la cultura y de promover la misma en la sociedad española, la Secretaría de Estado de Cultura ha optado por utilizar como método de trabajo la planificación estratégica para los próximos cuatro años. A partir de la identificación de cinco objetivos generales o metas de carácter prioritario a conseguir durante este periodo, se han formulado, desde los centros directivos que participan directamente en esta tarea planificadora, diversas estrategias y proyectos encaminados a la consecución de dichos objetivos.
El proceso de elaboración de este Plan Estratégico General ha exigido un ejercicio de reflexión colectiva de los equipos directivos y colaboradores de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Este ejercicio se ha realizado en un clima de absoluta transparencia interna dentro de cada unidad y de apertura a un diálogo institucional.
En un contexto de dificultad como el que vivimos, nuestro Plan Estratégico General, así como los correspondientes Planes Operativos Anuales en los que se irá desagregando, están fundamentados en el deseo de consolidar, durante esta legislatura, un método de gestión transparente por objetivos, cuyo desarrollo girará en torno a la introducción de un mecanismo de autotransparencia y autocontrol en la evaluación de las políticas culturales, lo que nos permitirá valorar los resultados de manera más correcta y objetiva. El primero de los objetivos del Plan se corresponde con la pretensión de propiciar un clima de entendimiento que favorezca el consenso de las fuerzas políticas para preservar el funcionamiento de grandes instituciones culturales, como el Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de los avatares derivados de los cambios de gobierno. Se trata de articular una auténtica política de Estado que se proyecte institucionalmente con vocación de futuro.El segundo de los objetivos coincide, en gran medida, con las actuaciones de la Secretaría de Estado en el contexto de una Estrategia de Comunicación Cultural entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y con la que se pretende mostrar la diversidad de nuestra cultura favoreciendo un uso más eficiente y racional de los recursos culturales.
En un mundo de información global, que vive un momento complejo en el que se anuncian cambios profundos, la cultura resulta una embajadora de gran eficacia y lograr que transmita, fuera de nuestras fronteras, la imagen óptima de lo que somos puede constituir un elemento decisivo para ganar la confianza que tanto se necesita. Con el cuarto de los objetivos buscamos garantizar la sostenibilidad de un modelo que combine la financiación público-privada de la cultura y favorezca la participación activa de la sociedad, así como el fomento de un marco de libertad que refuerce la autonomía y la creatividad de los artistas.
Por eso, el primero de los proyectos de este objetivo pasa por modificar la actual Ley de Mecenazgo y convertirla en una auténtica ley de participación social en los ámbitos de generación y programación de la actividad cultural, con el objetivo específico de aumentar el atractivo fiscal de los incentivos al mecenazgo y el retorno en prestigio del ejercicio de responsabilidad cultural. La modificación de la ley, que se ha planteado desde la perspectiva múltiple que pueden aportar los sectores de las bellas artes, las artes escénicas y la música, las artes audiovisuales, la creación literaria y las industrias culturales, se complementará con el diseño de programas prioritarios de mecenazgo que dinamicen las áreas de conservación, difusión e innovación cultural, con la elaboración de guías que permitan facilitar a los operadores culturales la captación de recursos o la gestión de acuerdos de patrocinio con instituciones públicas y privadas.
Finalmente, apoyar a los creadores es, sin duda, obligación y compromiso, pero también aquí resulta imprescindible modernizar los modelos de negocio de las industrias culturales y creativas, fomentar la oferta legal de contenidos digitales y, por supuesto, reforzar el marco jurídico para la protección de los derechos derivados de la propiedad intelectual.En la convicción de que este método de trabajo que hemos asumido para la legislatura nace con una vocación de continuidad y permanencia en el tiempo, el objetivo último de este Plan no es otro que servir con mayor eficacia y transparencia a los intereses generales y delimitar la cultura como una oportunidad estratégica de futuro para España.